Negocio de la basura: Cuestionado contrato amarra a KDM con 22 comunas de Santiago hasta 2027
Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.
El Consejo de Alcaldes Cerros de Renca no tiene personalidad jurídica, ni estructura legalmente reconocida. Y sin embargo, existe. Lo integran 16 municipalidades de la zona norte metropolitana. Están unidas por la basura, que solían botar en el vertedero Cerros de Renca y que desde 1996 envían al relleno sanitario Lomas Los Colorados que la empresa KDM tiene en Til Til. Todas, menos Huechuraba, son cuestionadas porque aceptaron la renovación automática del contrato para seguir enviando ahí sus desechos hasta el 2027, período en el que desembolsarían más de US$ 240 millones. A ese monto hay que sumar los pagos de otros siete municipios del sector sur que adhirieron al mismo convenio, los que también están bajo la lupa.
En octubre pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) solicitando anular el contrato. El principal argumento es que su cláusula de renovación automática indefinida –por 16 años cada vez– constituye una barrera de entrada a un mercado considerado relevante. El mismo que fue fuente de un duro conflicto la década pasada, que tuvo a Santiago en alerta sanitaria, a las empresas del rubro bajo fuertes críticas y al ex intendente Marcelo Trivelli al borde de enfrentar una acusación constitucional (Ver recuadro). “En el negocio de la basura lo más limpio es la basura”, decía Trivelli, una frase que desde entonces se repite para graficar la mala fama que ronda al sector.
En los municipios saben que la decisión sobre la disposición de los desechos siempre se transforma en un gran problema y por eso muchos alcaldes quisieran evitar tener en sus manos una decisión que los involucre. Esta vez 22 de ellos estuvieron a punto de lograrlo gracias a la renovación automática del contrato con KDM, pero la grabación de una conversación privada subida a YouTube, las sospechas de lobby, el requerimiento de la FNE y los reparos de la Contraloría hicieron que el asunto no pasara inadvertido.
El Consejo de Alcaldes Cerros de Renca no tiene personalidad jurídica, ni estructura legalmente reconocida. Y sin embargo, existe. Lo integran 16 municipalidades de la zona norte metropolitana. Están unidas por la basura, que solían botar en el vertedero Cerros de Renca y que desde 1996 envían al relleno sanitario Lomas Los Colorados que la empresa KDM tiene en Til Til. Todas, menos Huechuraba, son cuestionadas porque aceptaron la renovación automática del contrato para seguir enviando ahí sus desechos hasta el 2027, período en el que desembolsarían más de US$ 240 millones. A ese monto hay que sumar los pagos de otros siete municipios del sector sur que adhirieron al mismo convenio, los que también están bajo la lupa.
En octubre pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) solicitando anular el contrato. El principal argumento es que su cláusula de renovación automática indefinida –por 16 años cada vez– constituye una barrera de entrada a un mercado considerado relevante. El mismo que fue fuente de un duro conflicto la década pasada, que tuvo a Santiago en alerta sanitaria, a las empresas del rubro bajo fuertes críticas y al ex intendente Marcelo Trivelli al borde de enfrentar una acusación constitucional (Ver recuadro). “En el negocio de la basura lo más limpio es la basura”, decía Trivelli, una frase que desde entonces se repite para graficar la mala fama que ronda al sector.
En los municipios saben que la decisión sobre la disposición de los desechos siempre se transforma en un gran problema y por eso muchos alcaldes quisieran evitar tener en sus manos una decisión que los involucre. Esta vez 22 de ellos estuvieron a punto de lograrlo gracias a la renovación automática del contrato con KDM, pero la grabación de una conversación privada subida a YouTube, las sospechas de lobby, el requerimiento de la FNE y los reparos de la Contraloría hicieron que el asunto no pasara inadvertido.
Cuestionamientos legales
Los organismos que velan por la libre competencia pusieron sus ojos en la basura en 1996, cuando un dictamen de la desaparecida Comisión Preventiva Central advirtió de la concentración que se da en este mercado. Alertó específicamente de los negocios ligados al Grupo URBASER-KIASA (KDM, Starco y Demarco) y recomendó que todas las licitaciones le fueran consultadas antes de su ejecución y que la FNE vigilara el mercado. Desde entonces los actores de la basura han estado bajo la lupa.
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